Escrito por Lucía Ochoa.
La falta de transparencia en todo este proceso resulta algo más que sospechosa. La Junta de Gobierno debe velar siempre por los intereses de todos y cada uno de los colegiados, buscando en todo momento lo mejor, cuando menos, para la inmensa mayoría. Si la nueva junta estuviera actuando de tal manera no debería parecer, como en realidad ocurre, que oculta algo. Sin embargo, nosotros no creemos ni que esté velando por los intereses del colectivo ni que pretenda, realmente, crear un servicio médico, y que por ese motivo no actúa de manera clara.
No vamos a entrar en este momento en los pormenores mediante los cuales se aprobó la creación de tal mutua: 1.027 votos emitidos por unos 500 abogados frente al número total de colegiados que ronda los 47.000 es un dato objetivo que habla por sí solo. Tampoco vamos a redundar en la importancia que debería tener un consenso mayor para la toma de decisiones sobre un asunto de tal relevancia. Pues, centrándonos solamente en los detalles que conocemos sobre la creación de dicha mutua, podemos poner en duda el “buen hacer” de la Junta de Gobierno.
La creación de la mutua fue aprobada con los votos de unos 500 abogados, cuando el número total de colegiados ronda los 47.000.
En base a la poca información que facilita la junta, dado el secretismo en que se está llevando este asunto, sabemos que el actual servicio médico del ICAM desaparecería con la creación de una mutua de seguros a prima fija, que operaría en el ramo de enfermedad, entre otros; y que además no sería exclusiva de los abogados de Madrid, y ni siquiera de los abogados de todas las poblaciones de España: sino que estaría a disposición de todos los ciudadanos.
La constitución de una mutua de seguros como la planteada, que abarque a más profesionales (no únicamente abogados) y de todo el territorio español, conllevaría, en primer lugar, dotarla de una infraestructura que tardaría años en ponerse en funcionamiento. Y, en segundo lugar, una inversión de un gran capital.
Pero ¿de dónde saldría tamaño capital si ya tan sólo como requisito previo para la constitución de dicha mutua es necesario aportar todo el patrimonio del ICAM? Patrimonio que pertenece a todos y cada uno de los colegiados, no sólo a los que disfrutan del servicio médico, sino también a los restantes; porque parece necesario recordar, ante esta situación, que el patrimonio del ICAM ha salido y sale de las cuotas que cada abogado paga por estar colegiado. Inversión que, incomprensiblemente para nosotros, no otorgaría ninguna contraprestación a los colegiados madrileños.
Además, la creación de una entidad supone poner ante un riesgo real dicho patrimonio, y más en una época de incertidumbre financiera como esta; un riesgo que nos parece totalmente innecesario. ¿Qué sería de los fondos del ICAM? ¿Qué pasaría con los 25 millones, que según previsiones, se ingresarán en 2012, provenientes de las cuotas del servicio médico? ¿Qué hay de la pignoración del edificio nº11 de la calle Serrano?
No creemos que la Junta quiera crear una mutua, sino más bien ceder la cartera a una de las grandes compañías del sector.
Da la sensación de que la Junta de Gobierno lo que pretende al crear la mencionada entidad privada, que sería independiente al ICAM a efectos de nombramiento y salarios, es establecerse a sí mismos y a algunos otros, según intereses, en cargos de gerencia en los que, sin peligros para con ellos mismos, pudiesen permanecer indefinidamente y con sueldos a la carta, ya que ello no dependería de los resultados de unas elecciones. Una vez configurada esta, podrían ceder la cartera a una de las grandes mutuas que hay en nuestro país. Sin embargo, para ello, no haría falta constituir dicha mutua con todo lo que supondría; sino que desde el colegio mismo se podría ceder la cartera a aquella, de tal manera que el titular y propietario de la cartera del seguro médico seguiría siendo el Colegio de Abogados. ¿Es la única opción posible la constitución de esta mutua? ¿Es, en cualquier caso, una opción válida, ética y legal?
No sabemos si la cesión de la cartera sería la mejor solución. En cualquier caso, para ello no es necesario constituir una nueva compañía o mutua, ya que puede ser el colegio mismo quien lo tramite; y así, de esta manera, conserve el control y reciba la correspondiente prestación.
La falta de transparencia como ya hemos dicho es total, y además sospechosa. No sabemos qué estatutos regularán dicha entidad, ni cómo se administrará. ¿Sería una entidad totalmente independiente del ICAM? En ningún caso es admisible la posibilidad de menguar o incluso negar la capacidad decisoria de los colegiados en temas de tal magnitud y que le atañen directamente, bien sea sobre cuestiones del momento presente, bien sea sobre cuestiones futuras.
Por todo ello es por lo que no creemos que la intención final de la Junta de Gobierno sea crear un servicio médico. Y, para más inri, el decano y su junta no respondieron en la consabida junta extraordinaria a ninguna de las preguntas concretas que se les hicieron, ni siquiera a las que versaban sobre las dudas que suscitó el último punto aquí expuesto. La sabiduría popular dice que “quién calla, otorga”. Parece que, con su silencio, el decano afirma nuestras sospechas.
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